El mundo está mirando: sobre «El juicio de los 7 de Chicago», de Aaron Sorkin

A partir del estreno de El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin (1961), Lucía Giudice reflexiona sobre las representaciones de la justicia en la pantalla, lawfare y los vínculos entre el pasado y presente

Hace poco un abogado me dijo “Todos queremos ser Tom Cruise en el interrogatorio a Jack Nicholson” y aseguró que esa escena de Cuestión de honor (Rob Reiner, 1992) lo convenció de estudiar Derecho. No es el único. En una entrevista a un egresado de esa facultad en la que se le preguntó qué lo llevó a elegir esta profesión, la respuesta fue: “el gran interés que me despiertan las películas y series de abogados y casos judiciales”. Tengo algunas hipótesis —de cuestionable rigor científico— sobre esta gente, y en verdad poco me conviene que sean ciertas. Yo misma, hace unas semanas, en el clímax de El juicio de los 7 de Chicago, dije “disfrutaría ser abogada si la abogacía fuese esto”. 

Si bien no afirmo ni niego haber hecho las mismas declaraciones mirando películas y series de dudosa calidad, El juicio de los 7 de Chicago tiene ciertas virtudes que, por esta vez, me salvan. La película de Netflix, dirigida por Aaron Sorkin (guionista de Cuestión de honor), resume un punto minúsculo de la enorme historia política institucional de Estados Unidos que muestra a la perfección para qué puede servir la Justicia.

Acá no hay chance de spoiler. Sin perjuicio de la adición de condimentos  épico-emotivos para cumplir con las exigencias de Hollywood,  El juicio de los 7… está basada en hechos histórico: el juicio (si así se le puede llamar al espectáculo montado) contra algunos de los líderes de las protestas contra la Guerra de Vietnam en la Convención Nacional Demócrata del verano de 1968 de Estados Unidos, que empezaron de forma pacífica y terminaron con episodios de represión brutal por parte de la policía de Chicago. Un clásico que excede a la ficción: la pulseada entre el brazo armado del estado y los derechos de las personas. En general, ya sabemos quien gana, pero este, al final del día, no es el caso. 

Los Siete de Chicago, así denominados por la prensa en ese entonces, tenían en común ser activistas en contra de la guerra de Vietnam. Tom Hayden y Rennie Davis de la asociación de estudiantes por la democracia (SDS), los yippies (Youth International Party) Abbie Hoffman  y Jerry Rubin, el líder de la ‘Mobe’ (National Mobilization Committee to End the War in Vietnam) David Dellinger y también dos manifestantes más, cuya irrelevancia en el juicio surge desde el minuto uno. A estos siete se suma, Bobby Seale, presidente de los Panteras Negras que, aunque solo estuvo cuatro horas en Chicago durante las protestas, fue procesado y encarcelado por una acusación previa de homicidio. Si bien Seale fue excluido del proceso, es un personaje central que encarna la estrategia racista de la fiscalía a cargo, pero además el tratamiento desigual que recibían y reciben por parte del sistema de justicia algunas personas por su color de piel, por su género, o su estatus económico.

La antesala de la película es la crónica de tiempos violentos. La historia de Estados Unidos ha sido llevada al cine incontables veces y ya se hace difícil saber si es  cinematográfica en sí misma o si de tanto verla expuesta en la pantalla asumimos que todo es el invento de un genio maligno que sabe vendernos exactamente lo que queremos ver. Entonces, la línea entre la realidad y la ficción se difumina al punto de invertir la clásica advertencia “basada en hechos reales”. La espectacularidad del cine convierte a cualquier hecho histórico en un relato de ciencia ficción. Pero ni Trump es un villano creado por Marvel, ni George Floyd fue un héroe inventado para mostrarnos lo que es ser afrodescendiente en Estados Unidos a más de 150 años de la abolición de la esclavitud. Los hechos que inspiran a Los 7 de Chicago son tan reales que merecen atención más allá de la adaptación hecha por Sorkin.

La década de los 60 en Estados Unidos, al igual que en otros países del mundo, estuvo signada por el conflicto bélico, la contracultura y las protestas de la sociedad civil organizada. Y no es casualidad que en esos años se sucedieran tantos asesinatos de personalidades políticas fundamentales en la reivindicación de derechos civiles de las minorías y la protesta para poner fin a la guerra de Vietnam que se venía desarrollando desde 1955. En particular, el 4 de abril de 1968 fue asesinado Martin Luther King, Jr. (“Tenía un sueño y ahora tiene una bala en la cabeza”, dice en la película Bobby Seal) un año después de su discurso «Beyond Vietnam» (cuyas imágenes son parte del inicio de la película de Sorkin), en el que sostuvo que “ninguna persona interesada en la integridad y la vida de Estados Unidos puede ignorar la guerra actual. Si el alma de Estados Unidos muere de envenenamiento, parte de la autopsia deberá decir: ‘Vietnam’”.  A esto se suma que el entonces presidente Lyndon B. Johnson anunciaba periódicamente el envío masivo de tropas a la guerra como parte del plan de intensificación de la presencia estadounidense en esa zona. El descontento con esa decisión iba en ascenso y la Convención del Partido Demócrata a realizarse en Chicago entre el 26 y 29 de octubre de 1968 para la elección de su candidato presidencial fue vista por muchos activistas como un momento clave para manifestarse no sólo contra la guerra sino también contra Johnson y su vicepresidente Hubert Humphrey, qué, asesinado Kennedy meses atrás (Roberto, no JFK, a quien lo habían asesinado en noviembre de 1963), parecía el único candidato viable para que los Demócratas ganaran la presidencia.

Las organizaciones pacifistas llegaron entonces a Chicago para expresar su disconformidad a pesar de la prohibición de las autoridades de la ciudad a manifestarse, lo que desató una serie de episodios represivos y de violencia en escalada. Así, durante la Convención Chicago se convirtió en un verdadero estado de policía, en el que el alcalde Richard Daley desplegó el discurso de la mano dura, militarizando la ciudad con más de 15.000 oficiales en las calles. Los hechos se hicieron eco en diversas manifestaciones artísticas. Los Doors, sin ir más lejos, cantan en «Peace frog» (1970):

There’s blood in the streets
It’s up to my ankles
There’s blood in the street
It’s up to my knees
Blood in the street
The town of Chicago
Blood on the rise

(Hay sangre en las calles / Me llega hasta los tobillos / Hay sangre en las calles / Me llega hasta las rodillas / Sangre en la calle / La ciudad de Chicago / Sangre en aumento)

Finalmente, Humphrey fue el candidato por los demócratas y Nixon por los republicanos, resultando electo presidente el 5 de noviembre de 1968. Entre la elección presidencial y la asunción del nuevo gobierno, la administración demócrata realizó una investigación por los hechos ocurridos en la Convención y decidió no juzgar a nadie por los disturbios. De hecho, consideraron que los incidentes se produjeron en gran medida por la represión policial.

Pero, una vez que los republicanos asumieron el gobierno, decidieron enviar un mensaje que dejara en claro que los tiempos habían cambiado y que, a partir de ese momento, imperaría el orden. El método fue tan sencillo como el armado de un caso testigo y ejemplarizante. Así, se acusó a ocho personas de provocar los disturbios que la anterior administración había declarado responsabilidad de la policía. El Estado los acusó, entre otras cosas, de conspiración e incitación a los disturbios, lo que podía implicar una larga pena de prisión para cada uno.

El 24 de setiembre de 1969 comenzó el juicio de seis meses de duración a los Siete de Chicago, que Sorkin toma como el escenario perfecto para introducirnos al mundo de los juicios por razones que nada tienen que ver con las leyes sino con móviles estrictamente políticos.

“The whole world is watching” fue una de las proclamas en apoyo a los acusados. Y, en efecto, todo el mundo estaba mirando cómo a esos manifestantes se los estaba juzgando por “llevar ciertas ideas a través de líneas estatales”. Dice Hoffman (uno de los Siete): “somos acusados de tener un cierto estado de ánimo…”.  Gran paradoja en el país de la libertad, cuya famosa primera enmienda de la Constitución reconoce prácticamente como un sagrado inviolable el derecho a la libre expresión sin interferencia del gobierno. El culto a este derecho civil no pasa, por supuesto, desapercibido en la película: cuando comienza el juicio, los dos acusados comodines conversan entre ellos y mientras uno dice no entender por qué están ahí, el otro coincide, pero destaca con cierta satisfacción que ese juicio es como la entrega de los Oscar de la protesta y él es uno de los nominados.

La analogía sería perfecta, salvo porque la entrega de premios estuvo a cargo del juez Julius Hoffman, interpretado por Frank Langella, que en su otra vida tuvo que haber sido un juez de este estilo, porque de otro modo no se explica semejante actuación. Según surge de documentales como Chicago 10 (Brett Morgen, 2007), que recrea el juicio en función de las actas taquigráficas del proceso, Sorkin probablemente se quedó corto con la construcción del personaje. Pero en la película queda claro: este juez no solo tenía la decisión tomada antes de entrar a sala, sino que confundía los nombres de los acusados, no admitía las objeciones de la defensa, limitó varios medios de prueba importantes y repartió imputaciones de desacato a diestra y siniestra. De hecho, a Seale (el líder de los Panteras Negras) lo mando a esposar y amordazar en respuesta a las legítimas objeciones de estar siendo juzgado sin contar con la presencia de su abogado defensor y en ese estado permaneció en sala por un buen rato: década de los 60, recién asesinado Martin Luther King, y un juez blanco se da la licencia de tener como a una bestia a un hombre que debía ser sometido a un proceso con las mismas garantías que sus compañeros de banquillo. Algo que parece superado si no fuera por la potencia actual del movimiento Black Lives Matter.

La frustración traspasa la pantalla y de repente somos la defensa, los acusados y todo el mundo está mirando, deseando atar y amordazar a ese anciano que debería haber ido preso si la justicia fuese justa. Todos estamos mirando al fiscal, rogando para que en un rapto de lucidez se digne a renunciar a un caso armado para llevar un mensaje político a través de las fronteras: la primera enmienda rige hasta donde el gobierno desea. 

El juicio a los 7 de Chicago es una invitación a no tomarse en serio a la justicia, y eso hacen (en la ficción y en la historia) algunos de los acusados cuando llegan disfrazados con toga a las audiencias o anticipan la negativa del juez a viva voz. Y es que lo que tenemos enfrente no son simplemente personas sometidas a un juicio cuya conducción responde a las preferencias de una autoridad caprichosa: se trata de desobedientes civiles, y eso queda fielmente representado en la película. Personas que, a sabiendas de las consecuencias legales de desafiar al juez, lo hacen aceptando las sanciones para demostrar su desaprobación frente a las normas que pretenden aplicarles en el transcurso de un proceso hecho con nombre y apellido. La ecuación es sencilla: si el juicio es una cuestión política, la actitud de los acusados también debe serlo. 

Precisamente, entre la década de los años sesenta y setenta, mientras estas revueltas se daban en la calle, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, surgió un movimiento intelectual jurídico y político denominado Critical Legal Studies (CLS). Uno de sus principales exponentes, Duncan Kennedy, parte de un ataque al discurso jurídico: la retórica jurídica se presenta como neutral e imparcial cuando, en realidad, lo que subyace a las normas y a las decisiones judiciales son debates de tipo ético que encarnan dilemas entre visiones irreconciliables de la humanidad y de la sociedad. Los jueces tienen, ya sea al momento de tomar decisiones o conducir los procesos judiciales, una gama de posibilidades tan amplia (sujeta en algunos casos a las presiones políticas) que depende de cómo ellos mismos gestionen el enorme poder que detentan; y esto, a los simples mortales sometidos a su autoridad, nos produce una incertidumbre enorme que lleva inexorablemente a la angustia. Por eso, dice el único Kennedy no asesinado de los mencionados en este texto (probablemente porque no tiene nada que ver con esa dinastía política), negamos, en el sentido más psicoanalítico de la palabra. 

¿Por qué tantas películas y series sobre juicios? Además tratarse de una estrategia para aumentar la cantidad de estudiantes de Derecho (como si hicieran falta más abogados en el mundo), pareciera que en la pantalla nos habilitamos a ver lo que no nos animamos a aceptar en la vida: los que toman las decisiones son personas de carne y hueso, pero preferimos creer que son semidioses que tienen la respuesta justa. Kennedy dice que la gente quiere creer en la posibilidad de juzgar sin ideología porque la creencia satisface, a cierta distancia, desde una cierta lejanía, una agradable fantasía sobre las posibilidades de ser en el mundo.

Mejor no hablar de ciertas cosas, mejor verlas en la comodidad de la pantalla.

Pero El juicio de los 7… también es una invitación a hablar de lawfare en un país como el nuestro en el que la palabra apareció con timidez a principios de este año y se fue diluyendo dócilmente, como sucede con todos los asuntos que obligan a poner el foco sobre el Poder Judicial, el derecho y su vínculo con la política. Este, por supuesto, no fue el caso de Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador —entre otros— en los que ese préstamo lingüístico anglo se impuso en el discurso de los medios, actores políticos y académicos que se tomaron en serio la discusión acerca de su existencia y conceptualización como categoría jurídica.

Sin embargo, es claro que el lawfare del que tanto se habla hoy no es un hallazgo ni latinoamericano, ni mucho menos del siglo XXI. El término es propuesto por primera vez en 1999, en una obra titulada Unrestricted Warfare (Guerra ilimitada) del militar estadounidense Charles Dunlap. Allí, define al lawfare como un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. Silvina M. Romano explica en Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina (2019) que el lawfare puede ser entendido como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política; la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político en la vía judicial. En este marco se pone en evidencia la doble vara de la ley, dado que algunos casos se presentan como más escandalosos que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna. Se trata de la utilización de la ley “desde arriba”, es decir, por parte de quienes detentan el poder político para eliminar al oponente. Esto, por supuesto, lleva a una creciente “juristocracia” que a su vez lleva la participación del aparato judicial en la política hasta su deformación, intentando resolver por la vía judicial lo que debería ser resuelto en la contienda política.

La guerra jurídica o judicial no se trata sencillamente de judicializar lo político; eso sucede constantemente en sentido amplio cuando, por ejemplo, un político es llevado ante la justicia por la supuesta comisión de un delito durante el ejercicio de la función pública, o cuando se pretende la inconstitucionalidad de las leyes que establecen políticas públicas, o cuando un tribunal juzga el actuar de ciertas agencias estatales. Por el contrario, el lawfare  consiste más bien en el uso político del aparato judicial para derrotar a los oponentes políticos, y, por ahora, no parece ser el caso de Uruguay, más allá de que existan algunas opiniones en en sentido contrario a esta afirmación.

Si quieren lawfare del bueno, miren todo lo que haya en la vuelta sobre el juicio a los Siete de Chicago.